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El 25 de noviembre de 2002 se ordenó a una cooperativa del Condado de Westchester el pago de $102,500 a la Sra. Barbara King, luego de una investigación realizada por la Oficina de Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades de HUD. Después de la presentación de una demanda que acusaba a la cooperativa de haber discriminado a la Sra. King, se firmó un Decreto de Consentimiento por violación a la Ley de Equidad de Vivienda. La Sra. King había realizado un contrato para comprar un apartamento por $66,500 pero fue rechazada a pesar de reunir los requisitos financieros necesarios. La investigación reveló que la Junta Directiva de la Cooperativa había rechazado su solicitud debido a que un integrante de dicha Junta no quería que vivieran niños en el piso superior a su apartamento. También habían pedido a la Sra. King que trajera a su hijo menor para someterlo a una entrevista. Si bien el Decreto de Consentimiento no requiere que la cooperativa admita su responsabilidad, sí requiere que se someta a desagravio judicial y control por parte del Departamento de Justicia. La cooperativa también acordó modificar su proceso de solicitud prohibiendo a la Junta realizar preguntas relacionadas con la situación familiar de un solicitante y requerir que niños menores sean sometidos a entrevistas de la Junta en el futuro.
El Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968, con sus modificaciones, declara ilegal "negarse a vender o alquilar después de hacer una oferta de buena fe, o negarse a negociar la venta de, o no poner a disposición o rechazar, una vivienda a cualquier persona por motivos de raza, color, religión, sexo o nacionalidad". HUD puede exigir a una junta cooperativa que presente una respuesta a las acusaciones de discriminación, y si se confirman estas acusaciones, como en el caso King, el caso puede ser remitido a la corte o llegarse a un acuerdo por medio de un juez de legislación administrativa.
Este caso refleja el compromiso de HUD de luchar contra la discriminación en materia de vivienda. Carolyn Peoples, Secretaria Asistente de Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades, declaró: "Este acuerdo envía el claro mensaje que HUD, trabajando junto con el Departamento de Justicia, se encargará de hacer cumplir en forma enérgica las leyes que prohiben este tipo de discriminación". James Comey, el abogado que anunció los términos del Decreto de Consentimiento, también declaró que "Este gran acuerdo debe ser una clara señal de que todos deben cumplir la Ley de Equidad de Vivienda. La discriminación basada en la raza, el color, la nacionalidad, la religión, el sexo o la condición familiar es ilegal y dará como resultado multas severas para los que violen la ley".
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