1. ¿Cuál es el papel del Centro Departamental de Aplicación de Normativas (Departmental Enforcement Center, DEC)?
El DEC trabaja con áreas de programas de HUD, tales como la Oficina de Viviendas Multifamiliares y la Oficina de Viviendas Unifamiliares, en diversas funciones, toma medidas de suspensión y exclusión, impone penalidades monetarias civiles o inicia acciones judiciales por daños y perjuicios dobles, cuando ha habido violaciones a los programas. Los problemas de las viviendas pueden relacionarse ya sea con deficiencias físicas, o con discrepancias en la situación financiera de determinadas viviendas disponibles. Desde 1998, el DEC tomó más de 4,900 medidas de cumplimiento, es decir, suspensiones, propuestas de exclusión y exclusiones definitivas. Desde entonces, el DEC ha exigido el reembolso de más de $138 millones a las cuentas de los proyectos para asegurar la viabilidad financiera. En cuanto a los propietarios que no presentaron sus declaraciones financieras anuales o lo hicieron fuera del plazo establecido, desde el año fiscal 2002, el Centro Departamental de Aplicación de Normativas ha recibido más de $2.9 millones por parte de estos propietarios, en concepto de penalidades monetarias civiles.
2. ¿Cuándo se toma una medida de aplicación de normativas?
El DEC trabaja en forma cooperativa con los propietarios que no han cumplido con lo que se les requiere. De este modo, hace todo lo posible para evitar que se tome una medida de aplicación de normativas. Para aquellos que se niegan a cumplir con los requisitos legislativos y regulatorios del Departamento, el DEC toma medidas agresivas. Estas pueden consistir en varias sanciones, incluyendo la suspensión y exclusión de las relaciones comerciales con el gobierno. También se pueden imponer penalidades civiles monetarias. En casos más graves relacionados con viviendas multifamiliares, el Departamento puede poner suspender los pagos de subsidios federales correspondientes a los propietarios e incluso iniciar la ejecución hipotecaria de las propiedades.
3. ¿Qué motiva una medida de aplicación de normativas?
Cuando los propietarios de viviendas subsidiadas por HUD no cumplen con su responsabilidad de proporcionar una vivienda limpia, segura e higiénica, el DEC interviene y toma una medida correctiva. Se puede tomar una medida de aplicación de normativas contra los propietarios de propiedades que están por debajo del estándar físico, contra los que cuentan con dictámenes de auditorías financieras y contra aquellos que no presentan sus declaraciones financieras anuales. El DEC puede imponer penalidades monetarias civiles o iniciar acciones judiciales por daños y perjuicios dobles en caso de violaciones a los programas. El general, el DEC deriva al Departamento de Justicia de EE.UU. o a las oficinas locales del Secreatrio de Justicia de EE.UU., los casos de violaciones civiles a leyes que rigen los programas de HUD. Los casos penales se derivan a la Oficina del Inspector General de HUD.
4. Necesito más información sobre qué herramientas de aplicación de normativas se pueden utilizar.
Estas herramientas incluyen la suspensión y exclusión, que consisten en medidas administrativas de aplicación de normativas que excluyen a los socios comerciales de HUD de seguir participando en los programas de HUD y en otros programas de Poder Ejecutivo Federal. Se pueden imponer penalidades monetarias civiles a los propietarios de viviendas que violan las leyes y reglamentos de HUD. Asimismo, se pueden iniciar acciones judiciales con la ayuda del Departamento de Justicia contra los dueños de los proyectos que no operan sus propiedades conforme a los requisitos de HUD. Para las acciones judiciales existen dos tipos generales de recursos legales - los recursos contra el propietario participante y los recursos contra el proyecto mismo. Los recursos judiciales contra los participantes incluyen litigio por incumplimiento del contrato, que puede incluir la Ley de Daños y Perjuicios Dobles (Double Damage Statute) y medidas establecidas por ley, como la Ley de Acciones de Reclamos Falsos (False Claims Act). Los recursos judiciales contra los proyectos pueden incluir la designación de un interventor, un cambio de gestión, medidas cautelares o precautorias, la recomendación de ejecución hipotecaria y la cancelación de los pagos de subsidios para vivienda.